En primera instancia, es pertinente indicar que, acceder a la administración de justicia, constituye uno de los tantos derechos a los que están sujetas todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, constituyendo así el principio de inmediatez del estado, tal como lo argumenta el Consejo de Estado, sección segunda.
Por otra parte, la herramienta del debido proceso otorgada a cada uno de los ciudadanos, acarrea el derecho a poner en funcionamiento el aparato judicial y obtener como resultado la oportuna respuesta frente a las pretensiones que se hayan formulado.
Ahora bien, de conformidad a lo establecido en la ley 270 de 1996, la cual nos establece de manera detallada los principios de eficacia y celeridad, de cada una de las personas que invocan en la administración de justicia, la alta corporación indico que para que proceda la acción de tutela por mora judicial injustificada, se debe en primera instancia, acreditar la inexistencia de otro medio judicial, así como el incumplimiento de los términos señalados por la ley, la omisión en el cumplimiento del trámite respectivo por parte de la autoridad competente y la falta de prueba que demuestre la demora en la solución de lo solicitado.
DRA. PAOLA PÁEZ
ACTUALIDAD JURÍDICA EMPRESARIAL
