De conformidad con lo previsto en esa norma y en la Sentencia C- 460 de 2013, proferida por la Corte Constitucional, el costo de este examen debe ser asumido por la ARL a la cual esté afiliado el empleador.
Sobre el particular la Corte Constitucional en la Sentencia antes citada, consideró: “…el certificado aludido se configura como una prestación que coincide con los principios y fines del Sistema de Riesgos Profesionales, tal como se mostró, ya que permite certificar la idoneidad de las personas cuya labor implique el aporte de armas de fuego, con lo que a su vez se busca minimizar riesgos en dicha labor. Por esto la realización del certificado en cuestión debe ser satisfecha con los recursos de dicho sistema, por las ARL, bajo las reglas establecidas por la jurisprudencia…”
Dra. Daiyana Lucero
