En virtud de la emergencia sanitaria, económica y social ocasionada por el CORONAVIRUS COVID 19 se ha planteado la necesidad de tener protocolos de bioseguridad para mitigar la propagación el virus, así las cosas, el Decreto 539 de 2020 busca materializar la obligación del Estado respecto de estos protocolos que por hoy son indispensables, para cualquier sector, como por ejemplo la vida en el hogar, el trabajo digno y cualquier sector de la sociedad.
Así las cosas, la Corte Constitucional expresa que dicho decreto se encuentra ajustado a la Constitución Política de Colombia; por otro lado, la financiación de los elementos requeridos para la ejecución de los protocolos no fue aclarada en el Decreto Legislativo, es evidente que la misma corresponde a los empleadores según el Código Sustantivo del Trabajo, el Decreto Ley 1295 de 1994, la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015, quienes a su vez pueden pedir apoyo a las ARL. En todo caso, aclaró que no está permitido trasladar los costos de la ejecución de los protocolos a los trabajadores.
Dr. Alejandra Rodríguez Espinosa
