El Decreto Legislativo 500 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de orden laboral, relativas a la destinación de los recursos de las cotizaciones a las administradoras de riesgos laborales de carácter público, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica”, se encuentra totalmente ajustado a derecho, puesto que no viola derechos de los ciudadanos y por el contrario regula la necesidad de tener los elementos necesarios para las ARL en cuanto a protección personal y diagnóstico del CORONAVIRUS COVID-19.
Ahora bien, el decreto contempla el propósito de destinar algunos porcentajes del total de la cotización percibida por las ARL a la promoción de salud, prevención del contagio, a las actividades de emergencia e intervención, así como a las de examen y diagnóstico de la enfermedad de aquella parte de la población que, por su trabajo, se encuentra especialmente expuesta al contagio del COVID-19, recordemos que esta población se refiere al ámbito netamente medico; así mismo contribuye a realizar el principio de igualdad entre las ARL privadas y públicas, y los afiliados de cada una.
Dr. Alejandra Rodríguez Espinosa
