De acuerdo al artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo), modificado por el artículo 1 del Decreto 171 de 2016, todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato, sea civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo y empresas de servicios temporales, debían sustituir el programa de salud ocupacional por el SG-SST. La promulgación de este decreto cambió sustancialmente el programa de salud ocupacional y lo actualiza al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es obligatorio para todas las empresas independientemente de la actividad económica que desempeñe.
Esta actualización se debe hacer de acuerdo con unas etapas o fases, las cuales deben ser un instrumento de implementación cronológica del sistema, el cual permite determinar un período de tiempo para desarrollar y ejecutar una actividad específica y para ella un responsable.
Las fases determinadas que se deben implementar son: (i) Evaluación inicial; (ii) Plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial; (iii) Ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; (iv) Seguimiento y plan de mejora; (v) Inspección, vigilancia y control.
Para que efectivamente las empresas cumplan con los SG-SST, el Ministerio del Trabajo expidió la Resolución 1111 de 2017, donde se regularon los estándares mínimos con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento en riesgos laborales establecidos por parte de las entidades y empresas contratantes.
Los estándares mínimos refuerzan la protección en salud y vida de más de 10 millones de trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y se deben cumplir por más de 670.000 empresas, sin desconocer el cumplimiento de las normas aplicables a cada sector económico de manera específica.
