La Ley 1116 de 2006 creó el régimen de insolvencia empresarial con el fin de proteger y generar la recuperación y conservación de la empresa, teniendo en cuenta la importancia de esta como una unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo.
En este sentido, lo que busca el proceso de reorganización es preservar las empresas y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias mediante la restructuración operacional y/o administrativa. Para lo cual también se encuentra el proceso de liquidación judicial cuando no prosperó el proceso de reorganización, mediante el cual se busca la liquidación de la empresa en pro del deudor.
Ahora bien, la norma establece dos situaciones especificas por las cuales se puede iniciar el proceso de reorganización, dentro de las cuales se encuentran:
- Cesación de pagos: esta situación hacer referencia a la circunstancia por la cual el deudor incumple el pago de 2 o más obligaciones frente a dos o más a creedores por más de 90 días. Dichas obligaciones tienen que representar por lo menos el 10 % del total de los pasivos en cabeza del deudor.
- Incapacidad por pago inminente: esta figura está destinada a proteger al deudor cuando se presentan situaciones que afectan de manera grave el pago normal de las obligaciones en cabeza de este; con un vencimiento igual o inferior a un año.
Si las compañías están atravesando por situaciones que cumplen las condiciones antes expuestas, pueden iniciar un proceso de reorganización en aras de cumplir con la normatividad vigente y disminuir las controversias que se puedan generar con sus acreedores a futuro.
