Con el fin de analizar las situaciones en las que se recurre a una vía de hecho, es importante tener en cuenta que estas surgen cuando se emiten decisiones judiciales contrarias a la Constitución y a la ley. Los jueces tienen la obligación de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza del proceso y las pruebas presentadas, y no pueden realizar interpretaciones y aplicaciones arbitrarias de la norma.
Cuando se abandona el ámbito de la legalidad y se producen situaciones contrarias a derecho en la forma en que se aplicó la norma, las personas naturales o jurídicas pueden recurrir a la acción de tutela para ampararse.
Sin embargo, es importante destacar que no todas las irregularidades procesales constituyen vías de hecho. Cuando alguien se ve afectado, tiene la posibilidad de recurrir a otros mecanismos distintos a la acción de tutela, que también tienen como objetivo proteger sus derechos. Es importante recordar que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario y solo se utiliza cuando no existen otros medios para la defensa judicial de los derechos.
La procedencia de la acción de tutela no se limita únicamente a analizar las conductas del funcionario, sino que también se busca determinar si la actuación de la autoridad es arbitraria y está fuera de lo establecido por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, la acción de tutela no debe interferir en el trámite normal de un proceso judicial.
