El Decreto 613 del 2017 tiene como objetivo la reglamentación, evaluación, seguimiento y control de las empresas cuya actividad económica constituya importación, exportación, producción, fabricación, almacenamiento o uso del cannabis para la elaboración de productos médicos y científicos, así como los productos que los contengan en el marco de la Ley 1787 de 2016.
El mismo decreto, señala que el ámbito de aplicación se sujetará a personas naturales o jurídicas, sean de naturaleza pública o privada, nacionales o internacionales que lleven a cabo las prácticas anteriormente descritas. Adicionalmente, el contenido de esta normativa indica que la autoridad de control es el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías de la Salud, al mismo tiempo son los entes encargados de expedir las licencias de fabricación de derivados del cannabis. Adicionalmente, al momento en que sea aprobada la licencia correspondiente a la fabricación de derivados de cannabis. El INVIMA será el ente encargado de ejercer vigilancia y control a quienes desarrollen este tipo de actividades, asimismo, habrá un ente encargado del control administrativo y operativo a las actividades relacionadas con el manejo de cannabis y sus derivados conocido como Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE).
Frente al tema de financiamiento por parte de las entidades bancarias. Es menester señalar que esta industria, debe implementar políticas las cuales permitan controlar y prevenir situaciones relacionadas al lavado de activos y de la financiación del terrorismo. En este sentido, y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y una vez se evidencie que las empresas interesadas, han tramitado los permisos y licencias requeridos con los entes competentes y cuentan con estos. El sector bancario o financiero podrá proceder con el estudio e investigación para el otorgamiento de productos crediticios, con los cuales se efectuará la financiación de su actividad económica.
