La figura de derecho de petición, actualmente es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de Colombia, consagrado en el artículo 23. Este derecho permite a todos los ciudadanos colombianos y extranjeros presentar solicitudes de manera individual o colectiva ante las autoridades, entidades privadas con funciones públicas y organizaciones que prestan servicios públicos. El objetivo del derecho de petición es garantizar que los ciudadanos cuenten con un mecanismo efectivo que permita hacer valer sus derechos y ejercer control sobre el Estado. Por medio de esta herramienta constitucional, cualquier persona puede solicitar información, presentar quejas, reclamaciones o solicitar medidas específicas a las autoridades competentes.
El derecho de petición se basa en los principios de gratuidad, prontitud, eficacia y publicidad. Esto significa que no se pueden establecer barreras económicas para presentar una petición y que las autoridades tienen la obligación de responder en un tiempo razonable y de manera efectiva. Además, las respuestas y decisiones tomadas en relación a las peticiones deben ser públicas y accesibles para todos los ciudadanos.
Es importante resaltar que el ejercicio del derecho de petición en Colombia está protegido contra cualquier forma de represalia o discriminación por parte de las autoridades o entidades a quienes se dirija la solicitud. En caso de que no se cumpla con la obligación de responder a una petición, se puede recurrir a instancias judiciales para hacer valer este derecho, en razón a lo anterior, el derecho de petición en Colombia es un mecanismo fundamental para garantizar la participación ciudadana, el acceso a la información y el control sobre el Estado. A través de este derecho, los ciudadanos tienen la posibilidad de ejercer su voz y contribuir en la construcción de una sociedad más justa y democrática.
