Por medio de lo dispuesto en la Ley 2268 del 3 de agosto de 2022, el Gobierno Nacional promueve una serie de medidas encaminadas a proteger la integridad, el mínimo vital y las garantías socioeconómicas de este sector de la población; en virtud de la ardua labor que ejecutan los pescadores, bien sea de manera individual, mediante empresas, cooperativas y demás asociaciones dedicadas a la ejecución de esta labor y quienes les bridan herramientas para la producción a pequeña escala y grande escala.
La intención principal para el otorgamiento de dichos beneficios, se encuentra enmarcada por una serie de principios tales como, la defensa del medio ambiente, la seguridad alimentaria y nutricional, el derecho al trabajo y el fomento al respeto de los ecosistemas, recursos pesqueros, marinos e hidrobiológicos.
Dentro de los principales beneficios sociales se encuentran los siguientes:
- Ejecución de programas para la implementación de la política de desarrollo rural con especial atención a la población vulnerable.
- El establecimiento de mercados, plantes de hielo, almacenamiento con frio, facilidades de soporte que se requieran para el manejo y distribución de todos los recursos pesqueros.
- Buscar estrategias para el desarrollo sostenible de la pesca en pequeña y grande escala.
- Elaboración de programas de capacitación de manera que se generen estrategias para la comercialización y venta de productos de los pescadores artesanales.
Podríamos entender que el aprovechamiento de las anteriores herramientas, traerá consigo grandes beneficios para los pescadores artesanales, el medio ambiente y promoverán el buen uso del ecosistema Colombiano.
