En el mes de febrero del presente año, la Corte Suprema de Justicia, dio a conocer al Gobierno Nacional sus propuestas en materia laboral para que fueran incorporadas en la Reforma a la Justicia.
En primera instancia, esta corporación plantea que la reforma se funde en el fortalecimiento de la independencia, eficiencia, oportunidad y transparencia de la jurisdicción laboral. Lo anterior, porque se ha identificado que esta presenta inconvenientes relacionados con: (i) lentitud, congestión y sobrecarga de trabajo en los juzgados y tribunales, (ii) falta de actualización y complejidad del ordenamiento jurídico, y (iii) dificultades en el acceso a la justicia y ejecución de fallos y sentencias proferidas por los jueces.
Teniendo en cuenta lo anterior, el máximo órgano de la justicia determinó que la respectiva reforma debía abordarse desde la implementación eficaz de nuevas tecnologías, darle mayor importancia a la conciliación extrajudicial, asentar el expediente electrónico y desarrollar reformas encaminadas a modificar aspectos procesales de la justicia laboral, incluyendo la incorporación de jueces municipales y del circuito en los territorios que según demanda sean pertinentes.
Con relación a este último punto, para dar solución a las problemáticas expuestas, la Corte considera que la presente reforma debe buscar principalmente la consolidación de una norma integral que le permita a los jueces dirigirse a un nuevo Código Procesal del Trabajo y la Seguridad social, lo que implica una reforma en las reglas procesales y en el monitoreo de la gestión judicial.
A modo de conclusión, la Corte determinó las falencias que actualmente tiene el sistema de justicia en materia laboral, por lo tanto, en las propuestas enviadas al Gobierno Nacional referentes a la Reforma a la Justicia, se busca que estas sean satisfechas ajustando aspectos del proceso laboral, junto con el fortalecimiento en la incorporación de la tecnología en la Justicia.
