Las libranzas son herramientas financieras que permiten a una persona adquirir un producto crediticio otorgando la autorización de descuentos a su nómina como respaldo del pago de dicha obligación.
En este sentido, y teniendo en cuenta que el salario es uno de los derechos ciertos e indiscutibles, esta figura se reguló a través de la Ley 1527 de 2012, con el fin de establecer límites para evitar la vulneración de este derecho constitucional.
Ahora bien, la norma en mención estableció los siguientes requisitos para la aplicación de las libranzas:
- Autorización expresa del beneficiario frente a los descuentos de estos valores.
- Registro del operador de libranza (entidad prestadora del servicio o producto financiero) en el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza (RUNEOL).
- Los descuentos pueden ser de máximo el 50% del ingreso del beneficiario, siempre y cuando el descuento no genere afectación al mínimo vital, es decir, al Salario Mínimo Legal Mensual Vigente.
- Que la tasa de interés no supere la tasa máxima permitida.
Como se puede observar, uno de los requisitos que exige la ley es que el operador de libranza cuente con la autorización expresa del beneficiario frente a los descuentos de estos valores. Al respecto, la Superintendencia de Sociedades, a través del Concepto 220-217716 del 14 de septiembre de 2023, indicó:
«Esta Oficina considera que un documento de libranza no puede tener espacios en blanco porque, precisamente, una de las condiciones que la Ley 1527 de 2012 exige de la libranza es que se trate de una autorización ‘expresa’, es decir, específica, determinada y clara».
En este sentido, no es válido que el operador de libranza presente la autorización del trabajador con espacios en blanco, pues estaría desconociendo el primer requisito que establece la norma, el cual indica que la autorización debe ser expresa.
