En Colombia, en los últimos años se ha observado la creciente presencia de una población que ha ido incursionando lentamente en nuestra vida diaria y que enfrenta un gran desafío: el Trabajo Infantil. Este problema ha sido abordado por diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como por los Derechos Humanos, los Derechos de los Niños y algunos artículos de la Constitución Colombiana. El artículo 35 del Código de la Infancia y la Adolescencia establece los 15 años como la edad mínima para trabajar, requiriendo autorización del Inspector de Trabajo o, en su defecto, del ente territorial local para los adolescentes entre 15 y 17 años. Además, deben contar con las protecciones consagradas en la Constitución Política, el régimen laboral y las normas que lo complementan, así como en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia.
En el contexto colombiano, es frecuente observar cómo algunas problemáticas afectan a múltiples sujetos simultáneamente. Por ejemplo, muchos niños que trabajan también han sido víctimas del desplazamiento junto con sus familias. Esto desafía la intervención legal debido a la dinámica cotidiana y un contexto que les impone formas discursivas específicas, en las que no se sienten reconocidos.
Por ello, los organismos internacionales han desarrollado una normativa que restringe el trabajo infantil, temiendo que la falta de participación en actividades escolares pueda obstaculizar su desarrollo futuro. Sin embargo, muchos de estos niños trabajan no solo por la estabilidad económica de sus familias, sino también porque culturalmente se les ha enseñado ciertas labores y no conciben su infancia sin trabajo, a pesar de tener derecho a la educación.
Es esencial comprender cómo estos niños y niñas se perciben a sí mismos, cuáles son las capacidades que creen tener, qué significa el trabajo para ellos y qué significó el desplazamiento en sus vidas, tanto en el pasado como en el presente. Esto facilitará su integración y permitirá comprender mejor a cada individuo para orientar la intervención adecuada. Se debe generar espacios de participación para los niños y acompañar los procesos de organización en los que puedan expresar sus interpretaciones sobre sí mismos de manera explícita.
Por tanto, es responsabilidad de la sociedad integrar de manera comprensiva y ética a las personas que han experimentado el desplazamiento, así como proporcionar espacios que les permitan sanar y dar nuevo significado a sus vidas. Es crucial abrir estos espacios tanto desde las políticas estatales como desde las comunidades locales, para visibilizar a los desplazados como individuos con derechos y dignidad.
