Aunque sea un procedimiento poco común, la liquidación de una EPS es una operación mediante la cual se genera el cese de estas entidades en la atención al público. Este tipo de cierres puede obedecer a distintos factores, como la falta de capital para prestar el servicio, falencias en la prestación a los usuarios, mal manejo del capital suministrado por el Estado, entre otros.
Pero, al ocurrir esta situación, la pregunta que surge es la siguiente: ¿Qué pasará con los pacientes de esta entidad? La respuesta es sencilla pero complicada de ejecutar, puesto que, en este caso, los pacientes se trasladan de manera automática a otras entidades autorizadas por el gobierno nacional para que les sean prestados los servicios de salud, garantizando de manera completa y continua el acceso a la salud y, fundamentalmente, el derecho a la vida para los afiliados que padecen alguna clase de comorbilidad y que no pueden dejar de recibir atención especializada.
¿Es importante resaltar el hecho de que, en la actualidad reciente, aún se siguen presentando este tipo de casos, donde el común denominador suele ser el recurso económico y, a su vez, las implicaciones que tiene para este tipo de empresas el no generar el pago de la atención de sus afiliados, lo cual posteriormente desemboca en acciones constitucionales para solicitar el amparo de los derechos de estos afectados. Estas situaciones representan un excesivo desgaste administrativo y económico, ya que se presentan de manera reiterada y en cantidad masiva, con el presupuesto y común denominador establecido de que si se comprueba la violación de derechos, las correspondientes y reiteradas sanciones para estas entidades.
