En relación con los estándares de cumplimiento y las medidas de prevención que deben adoptar las empresas, se precisa que los empleados deben cumplir con las normativas establecidas para asegurar una prestación del servicio que sea idónea y que cumpla con los estándares de salud y bienestar laboral. Esto es parte de sus deberes en materia laboral.
Por lo tanto, el Decreto 1072 de 2015 establece los niveles de desarrollo en protección que las empresas deben acoger según su tamaño. Lo primero es determinar la gravedad de las infracciones por incumplimiento, de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, para considerar la clausura o el cierre total de una empresa. En el mismo decreto, se designa a los inspectores de trabajo para que actúen como policía administrativa dentro de los procesos de investigación administrativa. Ellos están encargados de estudiar cada caso de infracción según el tamaño de la empresa y el grado de la infracción.
Finalmente, estas medidas reglamentarias se gestionan a partir de la clasificación de las infracciones conforme a niveles de reincidencia, la obstrucción por parte de las empresas en la realización de la investigación administrativa por parte de los agentes de control, como el Ministerio de Trabajo, y el ocultamiento de la infracción por interpuesta persona, entre otros factores.
