Las licitaciones en Colombia se configuran como un proceso de carácter administrativo, cuyo objetivo es asegurar que la ejecución de proyectos, la adquisición de suministros o la contratación de servicios se efectúe de manera “transparente, justa y eficiente” utilizando los recursos públicos.
En Colombia, todo esto está regulado por la Ley 80 de 1993, conocida como el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. Esta ley establece las reglas y los procedimientos que deben seguir las entidades públicas para contratar con terceros. Además, la Ley 1150 de 2007 introdujo algunas mejoras importantes para hacer estos procesos más transparentes y eficientes.
El proceso de licitación comienza cuando una entidad pública identifica una necesidad mediante consultas ciudadanas y el plan de desarrollo. Esta necesidad se traduce en un pliego de condiciones, que es básicamente un documento que detalla todos los requisitos técnicos, financieros y legales que deben cumplir los interesados en participar en la licitación. Este pliego se publica en el SECOP, una plataforma que facilita el acceso a la información y promueve la participación de más oferentes.
Los interesados presentan sus propuestas dentro del plazo establecido, y luego un comité evaluador se encarga de revisarlas. Este comité analiza cada propuesta en función de los criterios establecidos en el pliego de condiciones, como el precio, la calidad y la experiencia del oferente. La propuesta que mejor cumple con estos criterios es la que gana, y se procede a firmar el contrato correspondiente.
Uno de los mayores retos en las licitaciones en Colombia ha sido combatir la corrupción y las prácticas indebidas. Para enfrentar esto, se han implementado varias medidas, como hacer obligatoria la publicidad de los procesos, crear veedurías ciudadanas e introducir mecanismos de control interno y externo. Además, el uso de tecnologías de la información, como el SECOP, ha ayudado a aumentar la transparencia y a reducir las posibilidades de manipulación.
