En primer lugar, es importante recordar que la cláusula penal se configura como una herramienta legal que, dada su importancia, se utiliza en diversos contratos. En este contexto, hablaremos específicamente de los contratos de prestación de servicios. Pero, ¿realmente qué se busca con esta cláusula? Pues, su objetivo es garantizar no solo el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el contrato, sino también proteger a las partes involucradas frente a posibles casos de incumplimiento. Es fundamental tener presente que este tipo de contrato, al ser un acuerdo de voluntades, puede incluir esta cláusula de común acuerdo en beneficio de las partes.
De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que la cláusula penal es una disposición en la que las partes acuerdan un monto o porcentaje que determina quién deberá pagar dicho monto en caso de incumplimiento de alguna obligación o responsabilidad contemplada en el contrato. Ahora bien, es importante tener en cuenta que la normativa no establece un parámetro claro para dicho monto ni menciona un porcentaje específico; esto queda a discreción del acuerdo entre las partes. De igual forma, es necesario dejar claro que dicho monto se establece como una compensación por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales.
Con base en lo mencionado, la normativa colombiana establece en el Código Civil, específicamente en los artículos 1592 a 1609, que la cláusula penal puede ser estipulada de común acuerdo entre las partes y que el monto acordado no puede exceder el valor de la obligación principal. No obstante, esta debe ser objetiva, proporcionada y razonable para ser válida y efectiva. Es importante tener en cuenta que, en caso de incumplimiento, la parte afectada deberá demostrar los daños sufridos para poder hacer efectiva la cláusula penal.
Por último, se puede inferir la importancia de suscribir o anexar dicha cláusula en los contratos de prestación de servicios. Esta debe ser redactada de la manera más minuciosa posible para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales, ya que cumple con objetivos claros. No solo proporciona una garantía a las partes, sino que, al aplicarse, genera una compensación para la parte afectada y, considerando el pago adicional establecido en el contrato, se fomenta el cumplimiento contractual por ambas partes. De esta manera, se asegura que la relación contractual se cumpla estrictamente junto con sus posibles garantías.
