Aunque existen diferentes normativas y jurisprudencias que abordan medidas de prevención, protección y atención a las víctimas de acoso sexual en el ámbito universitario y laboral, como la Ley 1010 de 2006, que considera el acoso sexual como una modalidad de acoso laboral; la Ley 1257 de 2008; la Sentencia T-140 de 2021 proferida por la Corte Constitucional; y la Circular No. 026 de 2023 del Ministerio del Trabajo, la Ley 2365 de 2024 incorpora aspectos de estos pronunciamientos. Esta nueva ley ratifica que es deber del empleador adoptar las políticas necesarias contra el acoso sexual, además de crear protocolos y rutas eficientes e integrales para la atención a las víctimas de tal conducta.
Es importante señalar que la Ley de Acoso Laboral y Acoso Sexual son semejantes. La Ley 2365 de 2024 establece que su ámbito de aplicación no está limitado a la relación laboral, sino que se extiende a cualquier relación en el contexto de trabajo, independientemente del tipo de vinculación laboral. Por lo tanto, las empresas deberán atender los eventuales casos de acoso sexual que se presenten en el marco de la prestación de servicios, pasantías, aprendizajes, prácticas y demás ciudadanos que formen parte del entorno laboral. La norma determina que el acoso laboral se configura cuando se presenta en una sola ocasión, a diferencia de lo que estipula la Ley 1010 de 2006, la cual considera que para que se tipifique una conducta de acoso debe ser persistente y demostrable. Sin embargo, la nueva ley se ajusta más a aquellos casos que se presentan de forma oculta y pueden materializarse en un solo momento.
La nueva Ley de Acoso Sexual consagra un fuero de seis meses a partir de la fecha en la que se presenta la denuncia por acoso sexual a favor de la víctima y sus testigos, declarando que no surte efectos la desvinculación unilateral que se produzca en este periodo de tiempo. En caso de presentarse la desvinculación, se presume como una represalia, la cual debe ser desvirtuada por el empleador, y se faculta al Ministerio de Trabajo para imponer multas y sanciones.
