La libre competencia permite el funcionamiento adecuado de los mercados, ya que integra elementos esenciales, como un entorno libre y competitivo. Esta libertad beneficia tanto a los proveedores como a los consumidores, crea oportunidades de desarrollo, innovación y elección. Sin embargo, existen monopolios (un vendedor), monopsonios (un comprador), oligopolios (pocos vendedores) y oligopsonios (pocos compradores) que crean condiciones inadecuadas en el mercado, ya que estos agentes económicos controlan el mercado sin permitir una competencia efectiva.
La competencia imperfecta se evidencia cuando los agentes económicos no encuentran condiciones que garanticen la libre concurrencia en los mercados. La existencia de monopolios, oligopolios, monopsonios y oligopsonios limita la verdadera libertad económica, ya que un pequeño sector controla y distorsiona las condiciones y precios de los bienes y servicios ofrecidos.
Además, la competencia imperfecta no solo coacciona la libre competencia en el mercado ya los competidores ya existentes, sino que también limita la capacidad de nuevos competidores que desean innovar y ofrecer alternativas al consumidor.
Cuando los monopolios y oligopolios manipulan el mercado, la oferta para los consumidores se reduce notablemente, obligándolos a aceptar condiciones desfavorables y abusivas. Sin embargo, la normativa colombiana busca proteger tanto a los consumidores como a los productores. Entre esa normativa se encuentran el Estatuto de Protección al Consumidor , la Ley 155 de 1959 , la Ley 1340 de 2009 y el artículo 333 de la Constitución , que establece que la política económica en Colombia tiene como objetivo promover la libre competencia y evitar actos de competencia desleal o abuso de posición dominante en el mercado.
El artículo 333 de la Constitución Política promueve la competencia y reconoce la influencia de la voluntad política y la capacidad estatal para dar alcance y cumplimiento a la normativa, limitando la iniciativa privada en beneficio del bien común. Por otro lado, la Ley 155 de 1959 y la Ley 1340 de 2009 establecen sanciones para prácticas anticompetitivas. En paralelo, el documento Política de libre competencia económica en Colombia: diagnósticos y de política pública propone alternativas para mejorar la productividad y explica la importancia de la concurrencia de agentes económicos para crear condiciones óptimas de oferta y demanda.
En conclusión, es indispensable señalar que las estructuras monopólicas y oligopólicas no deben tener una gran influencia en el mercado, ya que el Estado tiene la capacidad de intervenir cuando surgen estructuras imperfectas. La Constitución Política brinda un marco normativo que regula y controla prácticas abusivas y desproporcionadas, creando un entorno económico justo y equitativo para productores y consumidores.
