El Ministerio de Salud ha introducido modificaciones importantes a través de la Resolución 1798 de 2023, centradas en mejorar los plazos y procedimientos para el reporte de afiliaciones y novedades en el Sistema General de Riesgos Laborales. Esta actualización tiene como objetivo optimizar el control y la supervisión de la información, especialmente en lo que respecta a los trabajadores independientes.
A partir del 1° de octubre de 2024, las administradoras de riesgos laborales (ARL) deberán cumplir con un cronograma específico para el envío de datos. La normativa establece fechas clave para la entrega de archivos que contengan la información desde el 1° de enero de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2024. De esta manera, se busca garantizar que los datos sean reportados de forma precisa y oportuna.
El reporte deberá realizarse a través del Sistema de Afiliación Transaccional (SAT), que será el medio habilitado para registrar tanto las afiliaciones como las novedades que surjan. Las ARL deberán utilizar los servicios web proporcionados para el cargue de estos datos, incluyendo la corrección de cualquier inconsistencia detectada durante el proceso.
Una de las principales responsabilidades asignadas a las ARL en esta normativa es la verificación de la información antes de su envío. Esto implica que las administradoras deben asegurar la exactitud de los datos de los trabajadores independientes, evitando la duplicidad de afiliaciones o cualquier error en los registros. El incumplimiento de esta disposición podría acarrear responsabilidades legales.
Por su parte, el Ministerio del Trabajo será el encargado de validar la información una vez que esta sea reportada por las ARL. Si se detectan errores o inconsistencias, las administradoras serán notificadas y deberán corregir dichas fallas antes de que la información sea incluida de manera definitiva en el SAT.
Esta nueva regulación no solo garantiza una mayor precisión en los reportes, sino que también refuerza la importancia de un adecuado manejo de los datos, con el fin de proteger los derechos de los trabajadores independientes y mantener la integridad del sistema.
