En el ejercicio de las diversas acciones que el Estado debe llevar a cabo para garantizar los derechos de sus ciudadanos, es necesario recurrir a la prestación de servicios, adquisición de bienes y otras actividades orientadas a suplir dichas necesidades, a través de terceros.
En este sentido, se han establecido herramientas de orden jurídico que permiten garantizar la legalidad y legitimidad de estas acciones, ya que, como es bien conocido, los recursos o inversiones provienen del Estado.
Así las cosas, la licitación es un procedimiento administrativo para la adquisición de suministros, contratación de servicios o ejecución de obras (construcciones) que celebran los entes, organismos y entidades que forman parte del Sector Público.
También conocidas como concursos públicos, su objetivo es asegurar condiciones óptimas de compra o adquisición de bienes y servicios por parte del Estado a un proveedor. El proceso consiste en que la entidad interesada en la contratación pública pliegos de condiciones donde figuran todos los requisitos para que los distintos oferentes puedan presentar una propuesta acorde. Con todas las propuestas recolectadas, la parte contratante seleccionará y adjudicará aquella que considere más relevante.
Los requisitos legales para participar en una licitación dependen de las leyes de cada país, con una normativa general que garantice la mayor transparencia, legalidad y legitimidad del proceso de contratación, así como la igualdad entre los oferentes.
En términos generales, existen dos tipos de licitaciones:
Licitaciones públicas:
Este tipo de contratación se caracteriza por una convocatoria pública en la que una entidad estatal invita, en igualdad de oportunidades, a los interesados a presentar sus ofertas. La entidad adjudicará el contrato a la propuesta que considere más adecuada.
Licitaciones privadas:
Llevan un proceso similar al de las licitaciones públicas, pero las invitaciones se hacen de manera expresa a determinadas empresas y no mediante un anuncio público.
Es importante tener en cuenta que el Estado colombiano aplica esta misma figura. En caso de querer presentarse, participar o validar las condiciones de cada requerimiento elevado por las diferentes entidades estatales, podrá hacerlo a través del sistema electrónico de contratación pública (SECOP). Además, la entidad «Colombia Compra Eficiente» es la encargada de la vigilancia y supervisión, de acuerdo con sus características como aspirante a proveedor del Estado.
