El gobierno corporativo debe entenderse como el conjunto de procesos, actividades y políticas que una empresa adopta y desarrolla para su funcionamiento interno y sus relaciones con otras empresas, así como con personas naturales y jurídicas. Esto incluye políticas de transparencia empresarial, políticas dirigidas al consumidor, prevención de lavado de activos (SARLAFT y SAGRILAFT), y seguridad vial. Desde este punto de vista, el gobierno corporativo no debe considerarse como una única disposición, sino como un conjunto de medidas emitidas por entidades reguladoras como la Cámara de Comercio, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera, entre otras.
Es importante recordar que estas disposiciones orientadas al gobierno corporativo no son opcionales. Cada una de ellas es de adopción obligatoria, en función de los objetivos que persigue cada política. Por lo tanto, su implementación no depende de la discreción de la empresa.
En cuanto a estas políticas, un ejemplo son las políticas contra el lavado de activos, como SARLAFT y SAGRILAFT, las políticas de transparencia empresarial, y las funciones y formas de funcionamiento de las áreas administrativas, incluyendo la junta directiva, entre otros aspectos.
Dentro de estas políticas se encuentra el sistema LAFT, de implementación obligatoria para algunas empresas, según las disposiciones de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Este sistema consiste en establecer una serie de controles y alertas tempranas para prevenir que las sociedades vigiladas, susceptibles al riesgo por su actividad económica, se vean involucradas en operaciones de lavado de activos. Aunque estas operaciones aparenten legalidad, en realidad permiten la legitimación de recursos a través de actividades aparentemente ajustadas a la ley.
Además, es importante definir las políticas de transparencia, las cuales, mediante normativas y circulares básicas, han sido orientadas por la Superintendencia de Sociedades para guiar a las empresas en la adopción de programas de transparencia y ética empresarial. Estos programas buscan implementar actividades de autocontrol frente a riesgos de corrupción y soborno transnacional.
