La planificación y determinación del salario mínimo mensual vigente en Colombia, adoptado anualmente, requiere un análisis histórico y la participación activa de diversas entidades que influyen en el proceso. Estas entidades proponen el porcentaje de aumento con base en parámetros específicos y en las necesidades que consideran prioritarias. Entre los actores clave en esta decisión se encuentran la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), un sindicato integrado por diversas federaciones de trabajadores, y la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI).
Uno de los puntos fundamentales en la negociación es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores. Para ello, se evalúan aspectos como el costo de los cánones de arrendamiento y los incrementos en productos regulados por el Estado. Además, la CUT ha planteado la necesidad de considerar a los pensionados dentro del ajuste del salario mínimo, sugiriendo un aumento en la mesada 14 para los pensionados del país.
La mesada 14 consiste en un pago adicional equivalente a dos salarios extras anuales, distribuidos en dos meses. Este beneficio se calcula proporcionalmente en función de los días trabajados durante el año y aplica tanto al sector público como al privado.
Por otra parte, desde el sector empresarial, representantes como Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, y Carlos Alberto Cabal, presidente de Fenalco, han propuesto estrategias enfocadas en la concentración empresarial, orientadas al beneficio económico del país. Este concepto de concentración se encuentra regulado en el artículo 45 del Decreto 2153 de 1992, que establece:
“La posibilidad de influenciar directa o indirectamente la política empresarial, la iniciación o terminación de la actividad de la empresa, la variación de la actividad a la que se dedica la empresa o la disposición de los bienes o derechos esenciales para el desarrollo de la actividad de la empresa.”
El sector empresarial busca un equilibrio que permita un incremento justo en el salario mínimo, pero que a la vez garantice la sostenibilidad de los costos laborales y preserve la competitividad económica de las empresas.
En conclusión, cada sector, desde su perspectiva y capacidades, presenta propuestas que reflejan sus intereses. Aunque aún no se ha definido el monto del salario mínimo para el año 2025, las mesas de negociación continúan evaluando las propuestas con el objetivo de alcanzar un consenso que beneficie tanto a los trabajadores como a los empleadores.
