La presunción de buena fe en el ámbito laboral no implica que no puedan emitirse decisiones judiciales desfavorables para quien la invoque, ni que tales resoluciones contravengan lo establecido en el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo, que orienta la ejecución del contrato laboral bajo este principio.
Es el resultado del proceso judicial el que define si la presunción de buena fe prevalece o, por el contrario, se desvirtúa. Sin embargo, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, las normas procesales propias de la jurisdicción contencioso-administrativa no son aplicables en disputas surgidas en el ámbito laboral.
La presunción de buena fe puede ser cuestionada o ratificada durante el desarrollo del juicio. En el caso estudiado, el juez no desconoció una regulación específica, aunque la interpretación de esta norma pudo variar. La Sala Laboral resolvió el caso de una empresa que solicitó la devolución de un dinero abonado a una empleada. Este pago se originó en una sentencia de tutela que demostró ineficaz una cláusula que renunciaba al carácter salarial de una remuneración presentada como un incentivo al ahorro.
No obstante, dicha cláusula fue revocada posteriormente por la Corte Constitucional en la Sentencia T-1048 de 2010. La empleada alegó haber recibido los pagos de buena fe y argumentó que, si hubo un error por parte de la administración al otorgar un derecho a quien no cumplió los requisitos legales, la entidad no podía alegar su propia culpa para exigir la devolución del dinero percibido bajo dicha presunción. Asimismo, hizo referencia a las excepciones aplicables en casos donde un acto administrativo reconoce y ordena el pago de valores derivados de tutelas, los cuales gozan de presunción legal.
Este caso subraya la importancia de analizar las circunstancias específicas de cada disputa laboral para determinar si la buena fe puede mantenerse como principio rector o si, en cambio, debe ser desvirtuada a la luz de las pruebas y el desarrollo del proceso judicial.
