El proceso de vacunación contra el Covid-19 fluctúa entre la eterna dualidad propia del neoliberalismo que garantiza un derecho fundamental sin dejar de lado su aspecto de servicio que está condicionado a las reglas del mercado; una dualidad antagónica que entre tantas otras consecuencias divide la opinión popular. Al respecto del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) concluyó que el 44,2% de colombianos no quiere vacunarse y esto lleva a reflexionar si existe una obligatoriedad de la vacuna por verse inmerso los derechos colectivos o, por el contrario, impera los derechos fundamentales a la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la objeción de conciencia de quien rechaza de plano la inmunización.
La Ley de vacunas 1064 del 2020 regula exclusivamente el manejo general y las estrategias que se emplearán para la repartición de la vacuna, las medidas administrativas y tributarias para la financiación de la misma, además, el Gobierno Nacional en el plan Nacional de Vacunación ha declarado que este proceso de vacunación es voluntario. Así pues, por ahora no existe regulación que precise obligatoriedad en la inmunización de las personas y la prelación de derechos se sitúa nuevamente en la coyuntura jurídica pues llegarán las situaciones en que puedan derivarse consecuencias de tal rechazo consentido y con ello nuevos alcances de la responsabilidad de los sujetos frente a la salud pública.
