Con la pandemia, el auge de la tecnología no dio espera y la Justicia no es la excepción, es un servicio tan importante y esencial para la comunidad que no le es viable detener su marcha como lo han hecho muchas instituciones.
Prueba de esto son los avances que tuvo el Gobierno de Colombia con el Decreto 806 del 2020, mediante el cual se adoptaron medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, y con la aprobación de financiamiento para digitalizar la Justicia.
La Justicia es uno de los segmentos más relevantes de la sociedad, garante de avalar la democracia y eso exige una actuación transparente y ética, pues como órgano público se basa en el interés general de la población, razón por la cual se financia con dineros públicos.
Para tecnificar la Justicia en Colombia se necesita garantía de seguridad de datos que exige los trámites judiciales, permitiendo así a los magistrados y servidores que logren realizar más tareas con menos esfuerzo, más calidad y en menos tiempo. Lo que da como resultado ciudadanos complacidos con el sistema de Justicia.
Así pues, la transformación digital es vital en las instituciones judiciales y es importante un acceso a la justicia más rápido y transparente. Por lo tanto se espera que el Plan de Justicia Digital logre objetivos como los ya mencionados para el año 2026, es un plan de alta complejidad y se espera sea efectivo para el bien de todos los colombianos.
