Implicaciones y retos del Acuerdo de Escazú

Angelica Penagos
Angelica Penagos 26 diciembre, 2022
Actualizado 2022/12/26 at 2:23 PM

Para entender el acuerdo de Escazú es importante entender la Cumbre de la Tierra. Todo comienza en el año 1992 en la ciudad de Río de Janeiro, la confederación de las Naciones Unidas y la comunidad internacional abordó el reto de articular un modelo de desarrollo global que, sin restar independencia a las decisiones nacionales, fuera capaz de trazar parámetros comunes para asegurar conjuntamente el desarrollo económico, el bienestar social y ambiental de la humanidad.

A raíz de lo anterior, Colombia se hace partícipe de esta cumbre, donde se pretende dar un gran paso al derecho ambiental en el país y un valor jurídico al medio ambiente.

¿En qué consiste el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú es un Acuerdo Regional que regula el derecho a la información, participación pública y acceso a la justicia en los asuntos ambientales en Latinoamérica y el Caribe. Fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica.

Lo anterior como resultado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro de 1992, donde se busca garantizar el derecho a la participación y acceso a la información relativa al medio ambiente, incluida aquella que pudiere representar peligro o impacto negativo para las comunidades y el medio ambiente.

Este acuerdo es muy importante a nivel mundial debido a su enfoque social en pro de la defensa de los derechos humanos ambientales, es así que los estados que ratifiquen el acuerdo deberán implementar las medidas correspondientes necesarias y jurídicas en la jurisdicción de todo el territorio nacional, con el fin de garantizar los derechos ambientales en Colombia.

La buena noticia para el país es que el pasado 10 de octubre del 2022 se aprobó el segundo debate del Acuerdo de Escazú, donde este llevaba más de dos años en revisión del Congreso, pero para que entre en vigor está pendiente el control previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Una vez surtido este control, el Ejecutivo tendrá que depositarlo ante Naciones Unidas.

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