La acción de cumplimiento es una herramienta que tiene por objetivo garantizar que las autoridades y particulares que ejercen función pública cumplan de manera integra todas las normas que tienen fuerza de ley y los actos administrativos.
Esta acción se encuentra regulada mediante la Ley 393 de 1997, mediante la cual se establecen una serie de lineamientos en aras de proteger y salvaguardar la vigencia, y cumplimiento efectivo de las leyes. En este sentido, la acción de cumplimiento es un mecanismo constitucional, aunque dicha acción de cumplimiento debe darse respecto de normas que no tienen inmersos derechos fundamentales, toda vez que en estos casos es procedente incoar acción de tutela.
En este tipo de acciones, el sujeto pasivo es la autoridad o aquel particular que ejerce función pública que omite el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. Dicha acción será tramitada ante la de lo Contencioso-Administrativo, en primera instancia de los jueces administrativos y en segunda instancia el tribunal contencioso-administrativo.
En cuanto a las formalidades, es menester señalar que esta acción puede presentarse de manera verbal, ante el despacho judicial respectivo. De igual forma, la norma no establece un tiempo específico de caducidad, por lo cual, podrá interponerse en cualquier tiempo.
Es por lo anterior, que el juez podrá ordenar de manera inmediata el cumplimiento de la norma que desconoció la autoridad o particular con funciones públicas. No obstante, el accionante no podrá solicitar ni exigir el pago por concepto de indemnización por perjuicios ni declaración de derechos.
