En relación con los contratos laborales en Colombia, existen diversas garantías legales que deben gestionarse con el fin de proteger tanto los intereses de la compañía como los de los trabajadores. Por lo tanto, es necesario establecer proporcionalidades en los deberes que los empleadores deben cumplir dentro de la práctica contractual.
Es importante destacar que tanto el empleador como el trabajador están obligados a cumplir ciertas obligaciones establecidas en el derecho laboral, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, específicamente el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo. Estos deberes garantizan que la empresa cumpla con sus responsabilidades y ejerza una buena práctica contractual. De igual manera, se espera que los empleados también cumplan con sus obligaciones. Sin embargo, existen situaciones en las que estas obligaciones pueden no ser satisfechas.
En algunos casos, las empresas pueden llevar a cabo prácticas indebidas con el fin de terminar el contrato laboral sin ser consideradas responsables de dicha terminación. El objetivo es que sea el empleado quien aparentemente decida poner fin al vínculo contractual, dejando ver esta situación como una decisión voluntaria por parte del empleado.
En estas circunstancias, el empleado se ve obligado a presentar su carta de renuncia debido a su incomodidad en la relación laboral. Esta incomodidad puede surgir por la forma en que se manejan sus obligaciones, la carga de trabajo asignada, retrocesos en el pago salarial, obstrucción en el cumplimiento de metas, entre otros factores. Estos hechos indirectamente presionan al empleado para tomar esta decisión, la cual no se considera completamente transparente y voluntaria, ya que afecta económicamente al empleado debido a la terminación del empleo.
Finalmente, el empleado tiene la facultad de presentar una carta de renuncia debidamente fundamentada, exponiendo las razones que lo llevan a tomar dicha decisión. Esto se hace con el fin de utilizarla como evidencia en futuras acciones legales contra la compañía, donde se pueda demostrar con justa causa las razones expuestas. El objetivo es obtener el pago de una indemnización por los perjuicios derivados del despido, el cual se considera injustificado debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del empleador.
