La garantía legal se establece en nuestra normatividad como una obligación a cargo del productor o proveedor, con el fin de que este responda legalmente por la calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento de los productos, bienes o servicios.
Es importante tener en cuenta que la garantía legal no está basada en el resultado, sino en las condiciones de la prestación del servicio. La entrega y distribución de productos con descuento también están protegidas por el Estatuto del Consumidor. Así, el término de la garantía legal es dispuesto por la autoridad competente y comienza a regir a partir de la entrega efectiva del producto al consumidor.
Cuando se trate de productos usados, y haya expirado el término de la garantía legal o se vendan sin garantía, esta condición debe informarse y ser aceptada por escrito por el consumidor. En caso contrario, se entenderá que el producto tiene una garantía de tres meses.
Por otro lado, en el caso de los bienes inmuebles, la garantía legal cubre la obra por un período de 10 años, mientras que los acabados cuentan con una garantía de un año.
En aquellos casos en los que sea inminente la suspensión o ampliación del plazo de la garantía, esta se suspenderá mientras el consumidor esté privado del uso del producto.
Si se produce el cambio total del producto por otro, el término de la garantía comenzará nuevamente a partir de la reposición. Ahora bien, si se reemplaza una o varias piezas, cada una tendrá su propia garantía individual.
En resumen, la garantía recae siempre de manera solidaria sobre los proveedores respectivos.
