El gobierno colombiano regula las firmas electrónicas y digitales con el objetivo de fortalecer la seguridad y la confianza en los procesos electrónicos del país. Esto busca establecer directrices más claras y estrictas para el uso de firmas electrónicas y digitales en transacciones comerciales y procedimientos judiciales.
La actualización, impulsada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), incluye una serie de medidas destinadas a mejorar la protección de los datos y garantizar la validez jurídica de los documentos firmados electrónicamente. Entre los principales cambios se encuentran la implementación de requisitos más rigurosos para los proveedores de servicios de certificación y el fortalecimiento de los mecanismos de autenticación y verificación.
Además, los nuevos lineamientos jurídicos pretenden simplificar los procedimientos de registro y verificación de la firma electrónica, fomentando así su adopción por parte de personas naturales y jurídicas. La medida también promueve la interoperabilidad entre diferentes plataformas y sistemas de firma, ayudando a aumentar la eficiencia de los procedimientos y transacciones.
A continuación, me permito señalar las modalidades de firmas que actualmente existen y están registradas:
- Firma electrónica : Obtenida por métodos tales como códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas privadas, que permiten identificar a una persona en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando dicho método sea confiable y apropiado respecto a los fines para los que se utilice la firma, considerando todas las circunstancias del caso y cualquier acuerdo pertinente.
- Firma digital : Entendida como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje no ha sido modificado después de la transformación, de acuerdo con la Ley 527 de 1999.
El gobierno espera que estos nuevos cambios reduzcan significativamente el uso de papel, lo que no solo beneficiará a la economía digital, sino que también contribuirá a un entorno empresarial más ágil y seguro. La normativa actualizada también incluye disposiciones para la protección de datos personales y para la respuesta a incidentes de seguridad, asegurando un marco robusto para la gestión de información sensible.
