La ley 361 de 1997, estableció los mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad, así las cosas los beneficios contemplados allí en relación a las empresas que vinculen a trabajadores con limitaciones físicas las cuales estén obligadas a presentar declaración de renta tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año respectivo a los trabajadores con limitaciones, siempre y cuando la limitación subsista.
En relación a los procesos de licitación, adjudicación y/o celebración de contratos con el estado o con entes privados, de conformidad con el decreto 392 de 2018, se estableció que si se tienen dentro de su planta de personal el 10% aproximadamente de personas en situación de discapacidad debidamente certificadas por el Ministerio de trabajo y que hayan estado vinculados en la empresa por (1) año, podrán tener preferencias en dichos procesos.
En cuanto a la contratación de aprendices dicha cuota podría reducirse hasta en un 50% cuando se vinculen personas en condición de discapacidad y cuya pérdida de capacidad laboral sea del 25 %.
Cabe destacar que si se diera trámite a un despido para con este trabajador sin que mediare la autorización del Ministerio del Trabajo, implicaría la necesidad de reconocerle una indemnización equivalente a 180 días de salario, además de las remuneraciones, prestaciones y beneficios que hubiere dejado de percibir debido a que su despido sería considerado ineficaz con arreglo a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
María Camila Pulgarín Ramírez
Asesora legal
