El Consejo Superior de la Judicatura expidió la Circular PCSJC2437, en la cual se da a conocer la Sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional, que establece lineamientos, principios y criterios orientadores sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa en la administración de justicia. La Corte Constitucional indicó que las herramientas de inteligencia artificial se utilizan principalmente para actividades administrativas y documentales; sin embargo, estas no sustituyen el razonamiento lógico y humano.
Por este motivo, resulta indispensable, según la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina Botía, regular el uso de la inteligencia artificial en la Rama Judicial para que su implementación se haga de manera equilibrada. Además de la divulgación de la sentencia, se crearán espacios para capacitar adecuadamente sobre el uso de la IA en el ámbito judicial.
La Sentencia T-323 de 2024 fue emitida por la Sala Segunda, que revisó un fallo de tutela en el que un juez utilizó la herramienta ChatGPT para complementar los argumentos de una decisión, todo esto encaminado a la protección de los derechos fundamentales de una persona diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
En relación con esto, la decisión del juez, en el literal cuatro, expone lo siguiente: “EXHORTAR a los jueces de la República para que evalúen el adecuado uso de la herramienta tecnológica ChatGPT y otras análogas o que se desarrollen en el ámbito de la inteligencia artificial (IA), valoren y consideren las mejores prácticas, y apliquen criterios éticos y de respeto a los mandatos superiores, en orden a garantizar los derechos fundamentales, en especial el debido proceso, cuando encuentren necesario y pertinente hacer uso de aquellas, y asegurar la independencia y autonomía judiciales, como garantías insustituibles para la vigencia del Estado Social de Derecho y la democracia”.
En conclusión, los jueces de la República podrán implementar el uso de la inteligencia artificial, siempre y cuando mantengan autonomía judicial en sus decisiones, y utilicen la herramienta como un apoyo que sustente de manera práctica las decisiones adoptadas por ellos, respetando siempre el debido proceso y las garantías constitucionales, que las personas conocen e interpretan bajo el razonamiento lógico y humano.
