El origen del término Legal Smart Contracts se remonta al surgimiento de los contratos ricardianos, los cuales se estructuraron a partir de la voluntad de las partes. De esta forma, los contratos ricardianos dieron paso a los Legal Smart Contracts, configurándose como documentos que deben contener preceptos jurídicos claros y vinculantes.
Un Smart Contract se define como un acuerdo que se articula y se autoejecuta, basado en términos que son legalmente exigibles entre dos o más partes. La composición de los Legal Smart Contracts combina códigos programados con terminología legal, lo que los hace comprensibles para el juez legitimado por la ley. Al mismo tiempo, su programación debe estar alineada con el software que los procesa, integrando los datos registrados en la cadena de bloques (blockchain).
La implementación de los Legal Smart Contracts requiere un marco jurídico que respalde los derechos y obligaciones de las partes involucradas en la transacción. Esto les otorga un papel fundamental, ya que incluyen los términos legales que fortalecen el acto jurídico que se desea materializar.
La codificación que compone la cadena de bloques regula las órdenes programadas en el algoritmo, lo que permite desarrollar situaciones específicas de manera automática y segura. Así, la recopilación y el procesamiento de estos datos son esenciales para la ejecución efectiva de un Smart Contract. En conclusión, los Legal Smart Contracts integran tecnología y legalidad, facilitando la formalización y cumplimiento de acuerdos en un entorno digital.