El arbitraje se presenta como una alternativa eficaz frente a la justicia ordinaria en Colombia, con el objetivo de agilizar los procesos legales en los que se aplica. En promedio, un proceso arbitral toma entre 1,5 y 2 años, ya que las partes designan árbitros dedicados casi exclusivamente a resolver el caso. Además, una de las principales características del arbitraje es la obligación de emitir el fallo dentro de los seis meses siguientes a la primera audiencia de trámite.
Además, el arbitraje no contempla una segunda instancia. Si bien el laudo arbitral puede ser objeto de un recurso de anulación, las causales para este recurso son tan limitados que resulta poco probable que el laudo sea anulado. Cabe destacar que la presentación del recurso de anulación no suspende los efectos del laudo, lo que permite su ejecución incluso durante la interposición del recurso.
La rapidez del arbitraje también se ve favorecida por disposiciones como las del Reglamento de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio de Bogotá, que sanciona a los árbitros que no emiten el laudo dentro de un plazo determinado, incentivando así la celeridad en los fallos.
No obstante, uno de los desafíos del arbitraje radica en la ejecución de la condena proveniente del laudo. Para hacer efectivo su cobro, es necesario acudir a un proceso ejecutivo ante la justicia ordinaria. Este tipo de procesos puede prolongarse debido a los tiempos que toman los juzgados en emitir el mandamiento ejecutivo y decretar medidas cautelares, lo que, en algunos casos, contrarresta la rapidez lograda en la etapa arbitral.
En este contexto, actualmente se debate en el Congreso un proyecto de ley que busca habilitar el arbitraje para procesos ejecutivos. De ser aprobado, el arbitraje ejecutivo permitiría una alternativa ágil para el cobro de obligaciones, ofreciendo un beneficio significativo en términos de descongestión judicial al reducir el número de procesos ejecutivos en la jurisdicción ordinaria.
El arbitraje, por tanto, se posiciona como una herramienta clave para mejorar la eficiencia del sistema judicial colombiano, siempre que se superen las dificultades relacionadas con la ejecución de sus fallos.
