De acuerdo a lo considerado por la Corte Constitucional mediante sentencia T – 819 de 2008 en el cual se manifestó:
“Efectuado el estudio de constitucionalidad de esta disposición, en sede de control abstracto, la Corte mediante sentencia C- 531 de 2000, consideró que los parámetros garantías dispuestos en el ámbito laboral por dicha normatividad, para las personas con discapacidad o algún tipo de limitación física, sensorial o psíquica, de los cuales se deriva la denominada estabilidad laboral reforzada, constituyen objetivos específicos “ para el cumplimiento de esos propósitos proteccionistas, en aras de asegurar la productividad económica de las personas discapacitadas, así como su desarrollo personal. De ahí que, elemento prioritario de esa protección la constituya una ubicación laboral acorde a sus condiciones de salud y el acceso efectivo a los bienes y servicios básicos para su subsistencia y el sostenimiento de su familia (C.P., arts. 54 y 334), para todos aquellos que se encuentran en edad de trabajar”.
En ese orden de ideas, consiste en la actividad de reincorporación del trabajador discapacitado o en estado de debilidad manifiesta, al desempeño de una actividad laboral, y puede venir acompañada de modificaciones de cargo y debe garantizar las condiciones de seguridad que requiera el trabajador para recuperar su estado de salud.
Dra. Daiyana Lucero
